La lentitud del sistema judicial colombiano hace que persista la impunidad que afecta a miles de víctimas en sus regiones, pueblos y comunidades.
En el país se debe mejorar la política de drogas, la seguridad y el acceso a la justicia, en especial a la población de escasos recursos.
Con la participación de 400 asistentes y más de 30 representantes de organizaciones internacionales en derechos humanos de Canadá, Estados Unidos, Brasil, México y países de Centroamérica, el Colectivo Justicia Racial lideró el Primer Encuentro Nacional de Abogados y Defensores de Derechos Humanos. Este evento destacó las brechas en materia de justicia racial y social, acentuando los graves desafíos que enfrentan las comunidades afrodescendientes y de bajos recursos en el país.
El encuentro abordó temas críticos como la política de drogas, la seguridad y el acceso a la justicia, subrayando las barreras estructurales y los racismos que afectan a las comunidades afrodescendientes, y de escasos recursos. Limitaciones que agravan los riesgos de violencia y pobreza, exacerbando la exclusión social y restringiendo el acceso a derechos fundamentales.
En este contexto, se enfatizó la necesidad de reconocer las particularidades de la población afrocolombiana y adoptar un enfoque diferencial, especialmente ante la falta de datos precisos que permitan comprender plenamente su situación.
Un informe presentado por el Colectivo Justicia Racial reveló cifras alarmantes: el 80% de la población afrocolombiana vive en estratos 1 y 2 en condiciones de pobreza. Además, las comunidades negras enfrentan un riesgo 3.4 veces mayor de ser encarceladas en comparación con el promedio nacional.
“Es crucial contar con datos desagregados y confiables para diseñar políticas públicas efectivas y garantizar el cumplimiento de los derechos de estas comunidades”, enfatizó Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial.
Las discusiones también resaltaron la ineficiencia del sistema judicial colombiano, cuya lentitud perpetúa la impunidad y refuerza la desconfianza hacia las instituciones. “Esta situación impacta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, exponiendo a los jóvenes afrodescendientes a incriminaciones injustas debido a la falta de defensa adecuada” dijo Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial.
En los últimos tres años, el Colectivo Justicia Racial ha recibido 118 casos relacionados con abuso de autoridad cometidos por miembros de la fuerza pública, como homicidios, detenciones arbitrarias, tortura y privaciones injustas de la libertad en contra de la población civil. De estos casos, el 25 % cuentan con representación legal por parte de la organización, mientras que al 75% se les realiza un seguimiento.
Por otro lado, cifras de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol revelan que, de los 13.555 homicidios intencionales registrados en 2023, 3.814 ocurrieron en la Región Pacífica, lo que refleja un indicador alarmante de la violencia que afecta de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes.
El evento también fue una plataforma para reconocer el trabajo incansable de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este marco, se otorgaron cinco reconocimientos que exaltan su compromiso con la defensa de la vida y los derechos en sus territorios.
El éxito de esta primera edición deja en marcha la planificación de una segunda versión el próximo año, donde se celebrarán los Premios a la Justicia Racial en derechos humanos, un reconocimiento al esfuerzo de quienes lideran la lucha por la equidad y la justicia en Colombia.
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